Adiós al impuesto al sol: Autoconsumo sin cargos abusivos.

Este pasado viernes, el consejo de Ministros dio luz verde a un nuevo Decreto-Ley, para acelerar la transición hacia un modelo energético basado en energías renovables y abordar de forma urgente la actual subida de los precios de la electricidad. Entre las medidas incluidas en la nueva normativa destaca, sin duda, la eliminación del ‘impuesto al sol’, consagrado por el fatídico RD 900/2015. La regulación aprobada hace ahora 3 años que establecía una serie de trabas administrativas, peajes y recargos al autoconsumo que han frenado en buena medida su desarrollado en nuestro país.

De este modo, el Gobierno promueve el derecho a autoconsumir sin cargos y reconoce explícitamente “la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía” y, por ello, “elimina una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España”.

Simplifación de trámites para instalaciones inferior a 100 kW
La nueva regulación impulsada por el Ejecutivo se basa en tres principios: simplificación de los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios (kW); se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado “impuesto al sol”.

El desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con el planeta, contribuye a reducir la dependencia de la red eléctrica generando mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es una actividad generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno.

Por otro lado, con el objeto de cumplir con los objetivos de penetración de energías renovables fijados por la Unión Europea para 2020 (lograr que el 20% del consumo energético  provenga de fuentes renovables), y materializar los objetivos del Acuerdo de París en los horizontes 2030 y 2050, España ha de acelerar la integración de las energías renovables en su mix energético, una cuestión que contribuirá a reducir los costes energéticos en el medio y largo plazo. Con ello se contribuirá a la lucha contra el cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable.

Prórroga a los permisos de acceso y conexión
El Real Decreto-Ley aprobado el viernes incorpora medidas para eliminar, de forma inmediata, barreras normativas que obstaculizan esta transición energética. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018.

Mediante esta prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos. En la actualidad, apenas se han instalado 100 MW. La medida evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España.

En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Vehículo eléctrico: adiós a la figura del gestor de carga
Entre las medidas que incorpora la normativa aprobada el viernes destaca también la relacionada con el vehículo eléctrico. El RD aborda uno de los factores que frena a los usuarios a la hora de adquirir un vehículo enchufable: la baja disponibilidad de puntos de recarga públicos. Con el objeto de aumentar su presencia, el Gobierno elimina la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico, pues se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad.

Esta supresión no supondrá en ningún caso una merma de la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de la seguridad industrial y de las que se llevará un registro de la información para el seguimiento de la actividad por las Administraciones.

Esta información estará además disponible a través de medios electrónicos para todos los ciudadanos y se integrará en el futuro en el punto de acceso único, armonizando la información con la del resto de países de la Unión Europea. Ello creará una gran base de datos de información sobre la ubicación y características de los puntos de recarga públicos.

Lucha contra la pobreza energética
Además, el nuevo RD fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas en España. En el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y entidades locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

FUENTE: ENERGÉTICA21.COM

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